El control de rentas limita los aumentos de renta. La ley reduce las presiones de desalojo para los inquilinos y permite que los ingresos se mantengan al mismo nivel que las rentas. El control de rentas estatal vigente, en base a la Ley de Protección al Inquilino, excluye varios tipos de viviendas, como las casas unifamiliares y las nuevas urbanizaciones construidas en los últimos 15 años.

Una moratoria de desalojos es una orden legal temporal que impide a los propietarios desalojar a los inquilinos de sus viviendas durante situaciones de emergencia o crisis. Estas órdenes normalmente detienen los desalojos por falta de pago del alquiler. El condado de Sonoma aprobó una moratoria de desalojos por motivos de desastre en 2024. 

La Ley de Oportunidad de Compra para Inquilinos (TOPA) y la Ley de Oportunidad de Compra para la Comunidad (COPA) son políticas diseñadas para prevenir el desplazamiento, dando a los inquilinos o a organizaciones sin fines de lucro calificadas el derecho de preferencia para comprar edificios de vivienda cuando los propietarios los pongan a la venta.

La Causa Justa estatal prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos sin una razón válida y legal. Las protecciones locales de Causa Justa en Petaluma y las zonas no incorporadas de SoCo cubren a más inquilinos y exigen que el propietario pague asistencia adicional para la reubicación a los inquilinos en desalojos sin culpa. 

 

Las protecciones contra el acoso a los inquilinos prohíben a los propietarios acosar a los inquilinos con el fin de convencerlos de que abandonen sus viviendas. Las leyes federales, estatales y locales vigentes sobre vivienda justa ofrecen protecciones básicas, pero las protecciones locales podrían reforzarse en el condado de Sonoma.

Estas protecciones pueden preservar los parques y mantenerlos económicos. Las protecciones locales fuertes ponen límites a los aumentos de la renta del espacio y ofrecen salvaguardias ante propuestas de cerrar o remodelar los parques, para ayudar a mantenerlos abiertos y a los residentes en sus hogares. 

El derecho de los inquilinos a organizarse protege el derecho a formar una asociación de vecinos y exige por ley que el propietario se reúna y negocie con la asociación de inquilinos. Incluye nuevas protecciones para la distribución de folletos, tocando puertas, y la realización de juntas de inquilinos. Por ahora solo existe en San Francisco. 

Los concejos de alquileres actúan como mediadores entre inquilinos y propietarios, incluso en cuestiones relacionadas con los aumentos de alquiler. Algunos toman decisiones vinculantes, mientras que otros fomentan los acuerdos voluntarios. Las juntas de alquiler pueden ser elegidas de forma independiente o designadas por funcionarios. No existe ninguna junta de alquiler en ninguna jurisdicción de SoCo. 

Las políticas de derecho de regreso dan prioridad a los inquilinos que han sido desplazados anteriormente en el proceso de solicitud de nuevas viviendas asequibles. Las ordenanzas municipales o del condado animan a los inquilinos a regresar a las comunidades de las que fueron desplazados originalmente.